El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió admitir 20 casos de cristianos extranjeros, en su mayoría misioneros, que fueron impedidos de regresar a Turquía tras ser señalados como una supuesta “amenaza a la seguridad” por el simple hecho de vivir y compartir su fe.
Los procesos involucran a creyentes que residían legalmente en el país durante décadas y que, de forma repentina, fueron clasificados como riesgo por el gobierno turco, sin acusaciones formales ni garantías reales de defensa. Organizaciones de libertad religiosa advierten que estas medidas reflejan un patrón de discriminación contra cristianos.
Códigos de seguridad que bloquean a misioneros cristianos
Desde 2019, las autoridades turcas han aplicado códigos internos —como los denominados “N-82” y “G-87”— para bloquear el reingreso de trabajadores cristianos después de viajes al exterior o para negar la renovación de visados y permisos de residencia.
En la práctica, estas designaciones impiden volver al país sin explicación oficial ni posibilidad de apelación efectiva. Las consecuencias han sido la ruptura de familias, ministerios e iglesias que dependían del servicio de estos líderes.
ADF International denuncia persecución religiosa
Según la organización jurídica internacional ADF International, alrededor de 160 trabajadores extranjeros —pastores, docentes, obreros y misioneros— fueron impactados directamente por estas medidas, sin contar a sus familias. En total, se estima que centenares de creyentes han sufrido prohibiciones de entrada vinculadas a su testimonio cristiano.
Para la entidad, el único elemento común entre los afectados es la predicación del Evangelio, lo que apunta a un escenario de persecución religiosa en Turquía más que a verdaderas amenazas contra el orden público.
Historias de misioneros expulsados tras décadas de servicio
Entre los casos más visibles están Pam y Dave Wilson, quienes sirvieron en Turquía durante casi 40 años antes de ser excluidos; la pareja identificada como Rachel y Mario Zalma, impedida de regresar tras asistir a una conferencia cristiana; y el pastor David Byle, forzado al exilio después de 19 años de ministerio.
Las historias muestran cómo decisiones administrativas basadas en argumentos genéricos de seguridad han desmantelado proyectos de vida construidos durante décadas por familias misioneras.
Informes alertan sobre violaciones a la libertad de culto
Un reporte de violaciones a la libertad religiosa publicado en 2024 por la Asociación de la Iglesia Protestante indicó que 132 cristianos extranjeros recibieron códigos de prohibición de entrada únicamente por su fe, mientras que 303 personas en total resultaron afectadas.
La organización advirtió que muchas congregaciones quedaron sin liderazgo estable, debilitando aún más a una comunidad cristiana ya pequeña dentro de un país de mayoría musulmana.
El TEDH podría reconocer un patrón sistemático
La Dra. Lidia Rider, asesora jurídica de ADF International, afirmó que “la adoración pacífica y la participación en la vida de la iglesia no representan amenazas a la seguridad nacional”. Sin embargo, explicó que los creyentes fueron etiquetados como riesgo sobre la base de expedientes confidenciales.
“Sin acceso a las acusaciones, no tuvieron una oportunidad significativa de defenderse en los tribunales. La decisión del TEDH de examinar estos casos es un paso crucial hacia la responsabilidad y la reparación”, sostuvo.
Desde la organización remarcaron que, al analizar los procesos de forma conjunta, el Tribunal reconoce la posibilidad de un patrón de discriminación religiosa. Kelsey Zorzi, directora de Libertad Religiosa Global de ADF International, señaló que la expectativa es que la corte reafirme que ningún gobierno puede privar a las personas de sus derechos por practicar su fe, conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos.
Libertad religiosa, familias separadas y futuro incierto
Los expedientes plantean fuertes preocupaciones sobre la vulneración de garantías fundamentales, como la libertad de culto, el derecho a la vida familiar y la protección contra la discriminación.
Mientras el proceso avanza en el tribunal europeo, numerosos misioneros continúan separados de sus comunidades y ven interrumpida su labor ministerial, en medio de restricciones justificadas por motivos de seguridad que, según denuncian las organizaciones cristianas, carecen de evidencia concreta.
