Un sector de la Cámara baja presentó una normativa para condicionar a pastores y sacerdotes el uso de palabras para referirse contra el colectivo LGTBQ+
En el día de ayer el Congreso de Quintana Roo rechazó la despenalización del aborto, con 13 votos en contra y 7 votos a favor del dictamen que proponía reformas a la Constitución y el Código penal del estado. En ese marco un grupo de funcionarios con agenda progresista presentó un proyecto de ley en que quieren restringir las garantías constitucionales que reivindican la autonomía ideológica de los ministros.
Esta iniciativa consiste en modificar del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y plantea que se pueda sancionar por discriminación de identidad sexual a asociaciones religiosas o ministros de culto que “profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género”.
El proyecto presentado remarca que las libertades de las personas tienen límites en derechos de terceros. A partir de ese punto, el artículo modificado establecería que las libertades de creencias y de expresión son inconstitucionales e ilegítimas cuando se profieren expresiones que denigren o hagan sentir discriminadas a otras personas por su identidad sexual.
Los diputados que están interesados en que esta nueva normativa se apruebe, quieren lograr que las personas del colectivo LGTBQ+ no se sientan estigmatizados por su expresión de género. Pero esta ley lo que realmente coarta es la libertad de expresión a la hora de expresar un pensamiento que va en contra de la nueva corriente de pensamiento progresista, sin necesidad de ofender a nadie.
Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, aseguró que este planteamiento puede fomentar un cepo ideológico alarmante. “Se trata de una iniciativa que no tiene consenso, pero que requiere del Parlamento Abierto y consultas”, analizó.
Después de semanas violentas y agitadas en el que varios grupos de feministas lograron ingresar al recinto y cambiar la bandera de la nación mexicana por un pañuelo verde, y otros hechos violentos que provocaron en la ciudad, se le sumó el frustrado intento de legalizar la práctica del aborto en Quintana Roo, lo cual trajo aparejado un fuerte revés en contra de quienes defienden las dos vidas.
Esta agenda que mueve muchos intereses políticos preocupa a referentes evangélicos y católicos que defienden los valores primordiales de la familia y el derecho del niño por nacer. A pesar de los constantes intentos en reformar las leyes en contra de los principios divinos, la iglesia resiste los embates de esta nueva ideología.