Luego de la muerte de un paciente de 93 años, con síntomas de COVID-19, al que la Justicia le autorizó utilizar la sustancia, el organismo emitió un comunicado solicitando a la población que no utilice el producto.
Jorge García Rúa estaba internado en el Sanatorio Otamendi por la infección del virus cuando su hijastro presentó una solicitud a la Justicia Federal para que se le autorizará la administración del dióxido de cloro. El juez Javier Pico Terreno aprobó la suministración, pero el estado del paciente empeoró y falleció.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), recordó ayer a la comunidad, a través del comunicado que, “al igual que se informó en agosto del año pasado, esta Administración Nacional recomienda no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina). No hay evidencia científica sobre su eficacia y el uso de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos».
En agosto pasado ya se había emitido un comunicado similar desde el organismo y se ordenó eliminar más de cuatrocientas publicaciones de venta del producto en internet. Además, en esa oportunidad, también se citó el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el que establece los efectos adversos que ocasiona el consumo de la sustancia.
El organismo destacó en el comunicado que «en función de la reciente circulación de información respecto del producto mencionado, ANMAT recuerda que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de Covid-19 u otras enfermedades, no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso».
Los voceros del Sanatorio Otamendi, en el que falleció García Rúa, dejaron en claro que la persona que terminó suministrándole el dióxido de cloro es un médico externo. Por lo que el centro médico apeló el fallo judicial y se allanó el consultorio del profesional.
