En el marco de la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), diversas asociaciones civiles y legisladores de América Latina han hecho un llamado a la OEA para que respete el marco y los principios de los tratados internacionales de derechos humanos.
Milu Gomez como representante y vocera del “Congreso Iberoamericano por la vida y la familia” expresó la disconformidad contra el avance del término e imposición de la “infancia trans” en los países del bloque latino y cómo dejan a la merced de un menor, que no tiene la madurez, la información y el asesoramiento adecuado, la decisión de cambiar su sexo biologico aún en contra de la voluntad de los padres.
“Las implicaciones de esta presunción son de tal profundidad que afectará el resto de la vida del menor. Esto va más allá de cambios de nombres o identificación oficial, pues se busca que trascienda a hormonización y cirugías reconstructivas que resultan en mutilación de órganos de sanos” expuso Milu Gomez.
Estas organizaciones expresan su preocupación por el uso de términos tendenciosos e intencionados, como «derechos sexuales y reproductivos», «discurso de odio» y «mujeres o niñas en toda su diversidad» en los documentos de la OEA.
«Mili Gomez, vocera y representante del Congreso Iberoamericano por la vida y la familia».
Mili Gomez, vocera y representante de Congreso Iberoamericano por la vida y la familia
El Colectivo de Mujeres Libres y Soberanas, que reúne a representantes de todo el continente, denuncia la terminología adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y argumentó que no se encuentra en los textos de los tratados suscritos por los países miembros de la OEA que establecen la creación y el funcionamiento de la comisión.
Estas organizaciones afirman que la comisión está abusando de su poder al intentar declarar el aborto como un derecho humano y forzar su legalización en todo el continente, lo cual va en contra de lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
El sistema interamericano de derechos humanos, conformado por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), también es objeto de críticas. Se destaca que más del 50% del financiamiento de estos organismos proviene de fuentes externas a la OEA, lo que puede influir en la orientación de los informes y recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte IDH. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad y la independencia de estos organismos.
En este contexto, se debate en la Asamblea General de la OEA varios proyectos de resolución que podrían tener un impacto significativo en la interpretación de los tratados y normas internacionales sobre derechos humanos. Las asociaciones civiles y legisladores exigen que estas resoluciones se discutan en un marco de respeto al derecho y en línea con las obligaciones adquiridas por los estados miembros.
Entre los conceptos problemáticos incluidos en estos proyectos se encuentra el «discurso de odio», que plantea preocupaciones sobre la restricción del derecho a la libre expresión sin criterios claros y transparentes. También se cuestiona el uso de términos como «derechos sexuales y derechos reproductivos», «interseccionalidad» y «mujeres en toda su diversidad», que no forman parte de los tratados internacionales de derechos humanos y podrían poner en riesgo los derechos y la seguridad de las mujeres.
Además, se resalta la importancia de garantizar el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo con los valores y principios de cada familia, así como la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
En conclusión, las organizaciones civiles y legisladores latinoamericanos exigen a la OEA que respete los derechos humanos fundamentales sin extralimitarse en sus funciones y respetando el marco establecido por los tratados internacionales. Consideran que es necesario preservar la imparcialidad e independencia de los organismos del sistema interamericano de derechos humanos, evitando influencias externas que puedan comprometer su objetividad.
Asimismo, instan a que las decisiones y resoluciones tomadas en la Asamblea General de la OEA sean el resultado de un debate abierto y transparente, en el que se escuchen todas las voces y se respeten las divergencias de opinión. Se hace hincapié en la importancia de garantizar el respeto a la libertad de expresión y de conciencia, así como el derecho de los ciudadanos a participar activamente en la toma de decisiones que afecten sus derechos fundamentales.
En resumen, las organizaciones civiles y legisladores latinoamericanos demandan que la OEA cumpla su papel de promover y proteger los derechos humanos en la región, respetando los principios y normas internacionales establecidos. Asimismo, solicitan que se evite cualquier extralimitación en sus funciones y se preserve la imparcialidad e independencia de los organismos encargados de velar por los derechos humanos en el continente.
