A pesar de ser un delito, una estudiante de medicina asesoró y proveyó a decenas de mujeres las pastillas mifepristona y misoprostol.
En el país centroamericano trascendió la noticia de que la agrupación Medicina por el Derecho a Decidir (Medprochoice) ofrece por las redes sociales y en su propia página web servicios comerciales dirigidos a las mujeres que desean abortar en sus hogares. Varios grupos provida expusieron y denunciaron esta práctica a través de Facebook y Twitter.
María Aissata Si Gonzales, estudiante de la Benemértia Autónoma de Puebla (BUAP) organiza talleres de “acompañamiento para aborto seguro en casa”. En su página web se puede visualizar en detalle, uno por uno, los servicios y paquetes que ofrece para llevar a cabo el aborto.
Christer Espino, estudiante de Derecho en el estado de Veracruz, fue uno de los denunciantes y delcaró a un medio local que “a pesar de que yo soy provida, esto no es una cuestión de si estamos a favor o en contra del aborto, sino de que se está cometiendo un delito, y de que una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está utilizando sus conocimientos adquiridos en la institución para cometer ese delito, para ejercer la profesión sin cédula”.
Pese a las denuncias penales hechas a la justicia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no emitió ninguna declaración frente a lo sucedido. Espino expresó que “es lamentable que la institución decida permanecer en silencio y no condenar la ilegalidad de estas prácticas”.
Lucrar con la muerte
María Aissata Si González publicó diversos videos en su página de Facebook Med Prochoice, diciendo que las denuncias realizadas por Christer Espino y diversos jóvenes provida son acoso. “Yo quería intentar poder vivir de mi activismo, de difundir información, no depender de otro ingreso y que esto no sea un hobby, sino que esto fuera un trabajo real para poder dedicarme a ayudarlas”, dijo entre lágrimas, añadiendo que “yo quería hacer mi fundación”.
En México, El Código Penal reconoce al aborto como un delito y lo define como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. En los casos en los que cuente con consentimiento, a quien haga abortar a una mujer “se le aplicarán de uno a tres años de prisión”.
A pesar de la visibilización de este caso, la justicia todavía no realizó ninguna acción en contra de este colectivo feminista. Los grupos provida mexicanos están alertando que, así como Medprochoice, hay más fundaciones que brindan asesoramiento y proveen las pastillas para que realicen abortos clandestinos desde sus casas.