En mayo de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, destacando a China como el país con el mayor número estimado de ejecuciones en 2024. Aunque no se conocen cifras oficiales, la organización afirmó que miles de personas podrían haber sido ejecutadas el año pasado en territorio chino.
Pena de muerte en China: secretismo y represión
El informe denuncia la falta de transparencia del sistema judicial chino, que impide la verificación independiente de los procesos y dificulta la rendición de cuentas internacional. La pena capital en China se sigue aplicando incluso por delitos relacionados con drogas, en contra de los estándares del derecho internacional.
Amnistía también reportó ejecuciones de personas pertenecientes a minorías religiosas, incluidos cristianos, musulmanes uigures y practicantes de Falun Gong, además de señalar acusaciones de sustracción y tráfico de órganos.
Además, la organización denunció la existencia de campos de detención para millones de uigures, advirtiendo que las ejecuciones en China ocurren de forma “extensa y secreta”, lo que distorsiona la percepción global sobre el uso de la pena de muerte.
Irán y Arabia Saudita: cifras oficiales alarmantes
Excluyendo a China, Irán lideró las ejecuciones documentadas oficialmente en 2024, con al menos 972 personas ejecutadas, lo que representa casi dos tercios del total mundial. Según Amnistía, el régimen iraní utilizó la pena de muerte para reprimir la disidencia religiosa, incluyendo conversos al cristianismo, y para castigar a manifestantes del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”. Entre los casos más estremecedores se encuentra el de una mujer de 23 años con discapacidad mental, ejecutada tras un juicio considerado injusto.
Por su parte, Arabia Saudita ejecutó al menos 345 personas, más del doble que en 2023. Amnistía acusó al gobierno saudí de utilizar la pena capital como herramienta para silenciar a opositores políticos y castigar a miembros de la minoría chií. Uno de los casos citados fue el de Abdulmajeed al-Nimr, ejecutado en agosto de 2024 tras ser acusado inicialmente por participar en protestas.
Además, el informe señala que en Arabia Saudita, delitos como la blasfemia y la apostasía siguen siendo castigados con la pena de muerte, y continúa prohibida la práctica pública de religiones distintas al islam.
Aumento global de ejecuciones, pero menos países las aplican
En 2024, Amnistía Internacional registró al menos 1.518 ejecuciones en todo el mundo, la cifra más alta en una década, con un aumento del 32% respecto a 2023. Este total no incluye a China, Corea del Norte ni Vietnam, países donde existe evidencia del uso sistemático de la pena de muerte, pero donde la opacidad impide confirmar los datos.
A pesar del repunte global, solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones en 2024, la cifra más baja de países ejecutores por segundo año consecutivo. Además, 145 naciones han abolido la pena de muerte por ley o en la práctica, reflejando un avance progresivo en materia de derechos humanos.
Entre los avances positivos, el informe destacó a Malasia, que permitió revisar más de mil condenas de muerte, y a Zimbabue, que abolió la pena de muerte para delitos comunes. En África, varios países han seguido el mismo camino desde 2021.
Estados Unidos y la reanudación de ejecuciones
En Estados Unidos se llevaron a cabo 25 ejecuciones en 2024, un leve aumento respecto al año anterior. Cuatro estados —Carolina del Sur, Georgia, Utah e Indiana— reanudaron las ejecuciones tras años de inactividad. Alabama triplicó su número de ejecuciones y adoptó el uso de gas nitrógeno como método, lo que llevó a relatores de la ONU a advertir sobre el riesgo de tortura.
La pena de muerte como instrumento de represión política y religiosa
Amnistía Internacional subrayó que la pena de muerte continúa siendo utilizada en regímenes autoritarios como herramienta de control político y persecución religiosa, afectando principalmente a poblaciones vulnerables y minorías. La organización advirtió que no existen evidencias sólidas de que estas ejecuciones tengan un impacto positivo en la lucha contra el narcotráfico o la criminalidad.
“El uso de la pena de muerte sigue estando marcado por profundas injusticias y a menudo se utiliza como herramienta de control social y político”, concluyó Amnistía.
