La despenalización convierte al país en uno de los pocos en el mundo que permitirá a un paciente recibir ayuda para morir.
El Parlamento español aprobó este jueves una controvertida norma que autoriza la práctica para pacientes que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable». La legislación recibió la luz verde en Diputados con 202 votos a favor y 141 en contra.
La ley fue causa un intenso debate sobre la interpretación de la vida y la muerte. A partir de la nueva legislación se autorizará la eutanasia, que contempla la administración por parte de personal médico de una sustancia mortal, y el suicidio asistido, por el cual la persona se encarga de tomar la dosis prescrita.
La ley entrará en vigor en tres meses y convertirá a España en la cuarta nación europea que permite la muerte asistida, tras Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En América solo se encuentra aprobada en Canadá y Colombia, aunque ambos Estados no tienen legislación al respecto.
Entretanto, Suiza, Alemania y Austria permiten la eutanasia indirecta o pasiva, siempre y cuando el enfermo haya expresado esa voluntad. Este tipo de muerte consiste en suspender el tratamiento médico a pacientes en situación irreversible. Esta norma también está reconocida en las legislaciones de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, pero bajo ciertas condiciones previas.
Los sectores que se oponen a la norma
La legislación es rechazada por diferentes organizaciones médicas que afirman que salvar a toda costa a un paciente está en «el ADN del personal de la salud». Por su parte, la Organización Médica Colegial de España ha denunciado que la ley va en contra de su código deontológico.
Lourdes Méndez, diputada nacional por el partido Vox, lamentó que el Gobierno español “opte por la muerte en vez de los cuidados” y agregó «este día pasará a la historia de la ignominia por implantar la cultura del descarte y la muerte”.
Por su parte, el diputado José Ignacio Echániz denunció que la eutanasia es un acto antimédico y anticonstitucional, y advirtió el «efecto llamada» que esto provocará entre las personas más vulnerables, a las que se «empujará» a la eutanasia.
La norma impone algunas condiciones para su aplicación, la persona debe ser “capaz y consciente” al hacer la petición y la debe formular dos veces por escrito “sin presión externa”. Si bien los profesionales de la salud pueden alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, deben hacerlo por escrito y con previa anticipación.