La diputada nacional Rocío Bonacci, representante del partido La Libertad Avanza, ha propuesto formalmente derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El proyecto, firmado además por los legisladores Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago, busca establecer penas de prisión de tres a diez años para quienes realicen abortos sin el consentimiento de la mujer. Además, contempla penas de hasta quince años en caso de que el aborto resulte en la muerte de la mujer, y penas de uno a cuatro años si el aborto se realiza con su consentimiento. Aunque el proyecto no fue impulsado por el poder ejecutivo, la iniciativa proviene de la banca oficialista de la Libertad Avanza.
El vocero presidencial Manuel Adorni, desmintió que este tratamiento forme parte de la agenda del actual presidente Javier Milei, sin embargo, desde su equipo de diputados tomaron la iniciativa para presentar de todas maneras el proyecto y elevarlos a la cámara baja y alta para su discusión nuevamente.
La iniciativa también propone modificaciones al artículo 86, que trata sobre los profesionales de la salud involucrados en abortos, y al artículo 88, que aborda la responsabilidad de la mujer en su propio aborto. Entre los cambios propuestos, se destaca la eliminación de la causal de no punibilidad en casos de aborto por violación, argumentando que dicha excepción ha sido interpretada como una justificación de la práctica.
Los fundamentos del proyecto hacen hincapié en la concepción científica del inicio de la vida humana desde el momento de la fecundación, argumentando que desde ese instante se forma un nuevo individuo de la especie humana con carga cromosómica propia. Se sostiene que la dependencia del embrión respecto de su madre no invalida su condición de individuo, y se rechaza la idea de que exista un punto de cambio entre lo que antes era un fenómeno y lo que ahora es un ser humano en desarrollo.
Este proyecto ha generado un intenso debate en la Cámara de Diputados, y se espera que continúe siendo tema de discusión en los próximos días, dado su impacto en una de las leyes más polémicas y debatidas en Argentina.
Contraste entre la Aprobación de la Ley del Aborto en 2020 y el Actual Proyecto de Derogación
El contraste entre la aprobación de la Ley del Aborto en 2020 y el actual proyecto de derogación presentado por la diputada Rocío Bonacci de La Libertad Avanza en Argentina marca un punto crucial en el debate sobre los derechos reproductivos y la legislación relacionada con el aborto en el país.
La aprobación de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 fue un hito histórico en Argentina, donde se permitió el acceso legal al aborto hasta la semana 14 del embarazo, sin necesidad de justificación alguna. Esta ley significó un avance de una agenda marcada por el gobierno de turno para que este proyecto se aprobara contra viento y marea, en plena crisis sanitaria y económica por la pandemia de COVID19.
Sin embargo, el actual proyecto de derogación propuesto por la diputada Bonacci y otros legisladores de La Libertad Avanza busca revertir esta ley, estableciendo penas de prisión para quienes realicen abortos sin el consentimiento de la mujer, incluso en casos de violación, y eliminando la causal de no punibilidad por esta razón.
El proyecto de derogación también plantea modificar los artículos relacionados con los profesionales de la salud involucrados en abortos y la responsabilidad de la mujer en su propio aborto.
Este contraste entre la aprobación de la Ley del Aborto en 2020 y el actual proyecto de derogación resalta la importancia de proteger los derechos reproductivos de las mujeres, pero sobre todas las cosas busca salvaguardar la vida del niño por nacer, quien carece de todo recurso para defenderse por sus propios medios.
Proyecto-de-Ley-para-derogar-el-AbortoAPROBACIÓN DE LA LEY EXPRESS EN 2020
Desde una perspectiva ética cristiana, el debate en torno a la derogación de la Ley del Aborto en Argentina plantea cuestiones fundamentales relacionadas con el valor y la sacralidad de la vida humana, así como con la responsabilidad moral de proteger a los más vulnerables. Si bien el respeto por la vida desde la concepción es un principio central en esta ética, también lo es el amor al prójimo y la compasión hacia aquellos que se encuentran en situaciones difíciles.
En este contexto, la derogación de una ley que permitía el acceso legal al aborto plantea desafíos éticos para los cristianos, ya que implica equilibrar la defensa de la vida con el respeto por la autonomía y la dignidad de las mujeres gestantes. Es fundamental abordar este debate desde una perspectiva de comprensión y misericordia, reconociendo las complejidades de las situaciones individuales y buscando soluciones que promuevan tanto la protección de la vida como el bienestar integral de todas las personas involucradas.
En última instancia, desde una ética cristiana, se insta a buscar soluciones que reflejen el amor, la justicia y la compasión de Cristo, reconociendo la dignidad y el valor intrínseco de cada vida humana, al tiempo que se brinda apoyo y cuidado a aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad y necesidad.
