Su expareja quiere terminar con un embarazo de 12 semanas y él le pide que lo tenga y se lo entregue.
El individuo dialogó con radio AM 1020 de San Juan y no quiso revelar su identidad, para que no se filtrara el nombre de la madre del bebé. A partir de la Ley Nº 27.610, aprobada en diciembre del año pasado por el Congreso, el aborto es de acceso libre hasta la semana catorce de gestación, con lo cual el hombre tuvo que presentarse ante la Justicia.
«Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero sólo le pido que lo tenga y me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada», explicó el padre del niño a radio AM1020. El caso abrió un importante debate y llegó a ser uno de los temas más mencionados en Twitter.
«Sólo quiero pedirle a la Justicia que entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil y los días pasan y se nos acaba el tiempo», explicó el sanjuanino, y agregó «como pensamos diferente hemos perdido el diálogo, pero a pesar de eso le propuse que lo tenga y me lo entregue. Si después ella quiere continuar con su vida lo va a poder hacer».
Con la nueva ley, el aborto es de acceso libre hasta la semana catorce de embarazo, una vez pasado ese plazo, el aborto es legal sólo en casos de peligro para la salud de la madre o de violación. El sistema público y privado deberían acceder en un plazo máximo de diez días al requerimiento de una mujer que lo solicite.
“Todo se focaliza en los derechos de la mujer, pero mi hijo también tiene derechos y nadie puede decidir sobre él. Ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia, ahora espero que por favor entiendan que sólo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo», expresó Franco.
Los puntos más importantes de la Ley 27.610
Cualquier mujer mayor de 16 años tiene plena capacidad por sí misma para prestar su consentimiento para la realización de un aborto, sin la aprobación de un mayor o del padre del bebé por nacer.
Según la norma, el personal de salud deberá garantizar la privacidad y confidencialidad de la información, y respetar la autonomía de la voluntad. El funcionario público o personal de la salud que dilata, obstaculiza o se niega a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados puede ser sancionado penalmente e inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
Un antecedente en Uruguay
En 2017, un fallo sin precedentes en la Justicia uruguaya ordenó a una mujer suspender un aborto, que venía tramitando en el marco de las normas vigentes en el país vecino, debido a un recurso de amparo que presentó el padre del bebé por nacer.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes y estudiar la prueba presentada, la jueza que llevaba adelante la causa entendió que la mujer no cumplió con todos los aspectos incluidos en el protocolo que establece la ley uruguaya para que el procedimiento del aborto sea legal.
Según la magistrada, la mujer no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 3° de la ley, que indica que la mujer debe informar al médico «las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso».