La flamante administración anunció la intención de destinar capitales a grupos que promuevan o realicen abortos.

La partida presupuestaria había sido congelado por una norma emitida por el Gobierno del ex presidente Donald Trump, la cual impide que ese dinero beneficie a clínicas que realizan, promueven o recomiendan limitar la natalidad a través de la muerte del niño por nacer.

La administración de Biden anunció que “el memorando del presidente ordenó específicamente que no se impongan restricciones indebidas al uso de fondos federales o al acceso de las mujeres a la información médica”.

Desde el actual Gobierno planean que las nuevas regulaciones se publiquen en el Registro Federal antes del 15 de abril, y que entren en vigencia a principios del otoño. El objetivo principal es que estén emitidas a tiempo para el anuncio de financiamiento del año fiscal 2022, que se espera que se publique en diciembre de 2021.

Planned Parenthood, que recibía un estimado de sesenta millones de dólares anuales a través del programa Título X, dejó de recibir esos fondos millonarios cuando la administración de Trump decidió otorgárselos a clínicas y organizaciones que tengan como misión la planificación familiar.

Si bien la financiación federal del aborto es técnicamente ilegal según la ley federal, la norma que había impulsado la administración anterior fue necesaria para evitar el desvío de fondos de forma indirecta a estas prácticas.

Live Action, una organización sin fines de lucro estadounidense, conocida por realizar investigaciones contra el aborto, se manifestó en oposición al reciente giro de la nueva administración y denunció que “el hecho de que las instalaciones y los médicos de Planned Parenthood proporcionen tanto la planificación familiar (control de natalidad) y los servicios de aborto, en los mismos edificios, significa que los fondos recibidos de los contribuyentes van a apoyar a su negocio, que implica más de 320.000 abortos al año”.