El pasado 5 de diciembre se aprobó en el Senado un proyecto de ley que había recibido media sanción por la Cámara de Diputados durante noviembre y que pretendía modificar la existente en materia de manejo de fuegos a nivel nacional: ley 26.815.
La ley original, entre otras cosas, creaba el Sistema Federal de Manejo del Fuego y establecía infracciones y sanciones para quienes generasen incendios o estuviesen involucrados en actividades peligrosas para el ambiente y la población a raíz del uso irresponsable del fuego en bosques y zonas rurales.
En la nueva ley sancionada, se agregan cuatro artículos fundamentales entre los cuales se propone que en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíba por treinta años realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio (por ejemplo, actividades agrícolas e inmobiliarias).
Si bien existieron muchas controversias y reclamos a la hora de su aprobación por quienes defendían la idea de que la modificación atentaba contra el desarrollo económico agropecuario, la nueva ley surgió en el marco de varios meses difíciles para veintidós provincias de nuestro país.
Esas provincias experimentaron innumerables incendios, alcanzándose un total de 1 080 846,98 de hectáreas afectadas según el último reporte de incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (reporte del 17 de diciembre de 2020). Este también menciona que el 95% de los incendios, en general, son producidos por intervenciones humanas, ya sea por el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo como por el abandono de tierras, por fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas.
Por lo tanto, la implementación de medidas que buscaran proteger la biodiversidad de los ecosistemas, la seguridad de las personas que viven cerca de los focos de incendios y la emisión de gases del efecto invernadero era urgente. Y es que la sociedad esperaba una respuesta concreta con una ley que permitiera un manejo responsable que tuviese en cuenta las limitaciones y la situación crítica a nivel ecológico y climático.
