La médica gineco-obstetra y directora de Bioética de ACIERA, reflexiona sobre los cambios producidos luego de que entrara en vigencia la normativa el 24 de enero.
La ley Nº 27.610, conocida como IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), contempla en el artículo 10 el derecho de que los profesionales de la salud pueden negarse a realizar abortos, pero que a su vez tendrán la obligación de derivar a las pacientes a otro lugar en el que se realice la práctica. Una normativa que se enlaza de los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional en la que se explica la posibilidad de “negarse a intervenir en un hecho o acto de cualquier índole que violente las convicciones éticas y/o a las creencias religiosas propias”.
La médica Ojuel afirma “entendemos que podemos apelar a ese artículo para nuestra defensa, pero la problemática real no está en Buenos Aires sino en las provincias del interior. Allí la amplia mayoría de los médicos son objetores de conciencia pero el Estado los presiona y esa es una problemática que debe resolverse de manera urgente, porque no tenemos que sentir que se nos impone una ley en la que estamos en total desacuerdo”.
La profesional Ojuel explica que en 2019 dejó el hospital público, porque que en reiteradas ocasiones en los servicios médicos no respetaban sus decisiones ante estas situaciones. La ginecóloga obstetra afirma, “tenemos que entender que esta ideología se impone y como profesionales muchas veces nos hemos visto vulnerados por quienes ejercen el poder». Y agregó que «esto es algo que pasa en muchos servicios médicos y estoy recibiendo constantes pedidos de ayuda al respecto». Ante esta situación, Jael contó que «junto a un grupo de abogados estamos trabajando en estos temas”.
La ley del aborto permite la objeción de conciencia, pero en caso de que la vida o la salud de la paciente estén en riesgo, el profesional de la salud no podrá negarse a practicar la intervención. A su vez, el Gobierno acordó que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de esta práctica. Las entidades y las empresas de medicina prepaga tendrán que incluirlas en los
Desde que se aprobó la normativa IVE, Jael Ojuel admite que se vieron varios cambios en especial en entes públicos donde modificaron el listado de medicación. “En el programa remediar pusieron como medicación esencial el misoprostol, siendo qué hay patologías aún mayores y frecuentes que se llevan vidas, por ejemplo, patologías oncológicas en el que se requiere tratamiento de urgencia y es la primera causa de muerte patológicas en las mujeres” manifiesta la profesional.
Jael Ojuel también aclara que hay cambios que tienen que ver con los servicios esenciales de cada hospital y que con el tiempo se conocerán las consecuencias que trae aparejado no priorizar situaciones de salud mas urgentes. De todas formas, ella fundamenta “el aborto clandestino existe, y es una realidad que se ha llevado consigo la vida de muchas mujeres, y una muerte siempre es una tragedia, pero es necesario trabajar de manera transversal, articular líneas de acciones concretas en las que la mujer no tenga que someterse a este procedimiento agresivo para ella misma”.
La gineco-obstetra actualmente trabaja en el ámbito privado y asegura que si una paciente le solicita realizarle un aborto lo que primero hace es conversar con ella y darle toda la información de las consecuencias a corto y a largo plazo que tiene la práctica.
“Ante una solicitud de aborto yo le hablo de la Palabra de Dios y le comento que soy objetora ”.
Jael Ojuel,gineco-obstetra y directora de Bioética de ACIERA.
Jael Ojuel ejemplifica que la mayoría de las pacientes con la intención de abortar van a su consultorio con dolor de algún proceso pasado. En consecuencia afirma “animo a los profesionales de salud a reflexionar sobre esto; nuestra tarea es contenerlas en cada situación por la que pasan», además añadió que «si no sos profesional de salud y estás a favor de las dos vidas, podes otorgarle amor y contención a esa mujer en estado de vulnerabilidad».
A pesar de haber sido aprobada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los cristianos siguen trabajando en conjunto y de manera articulada en revertir esta normativa. Desde 2018 hasta la fecha se abrieron más de 220 centros de atención para la mujer en situación de vulnerabilidad.
debemos transformar nuestra nación y dar vuelta esta ley con lo que los cristianos vivimos haciendo, amar al prójimo como Dios lo ama”