Cuatro familias cristianas sufrieron la demolición de sus viviendas por parte de un grupo de nacionalistas hindúes en una aldea del estado indio de Maharashtra, luego de negarse a renunciar a su fe cristiana. El hecho se produjo en un contexto de amenazas previas y forma parte de una creciente ola de violencia contra las comunidades cristianas en la India.
El ataque ocurrió en la aldea de Midapalli, ubicada en el distrito de Gadchiroli, donde cerca de 20 residentes confrontaron a seis familias cristianas —unas 25 personas en total— exigiéndoles que abandonaran el cristianismo. De acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos, los agresores emitieron un ultimátum religioso y, ante la negativa de las familias, regresaron el 12 de enero para destruir las viviendas de cuatro de ellas.
Amenazas policiales y falta de protección estatal
Dos días después del ataque, las familias afectadas se presentaron en la comisaría de Kavande para denunciar lo ocurrido. Sin embargo, lejos de recibir protección, denunciaron haber sido amenazadas por los propios agentes. Según sus testimonios, la policía cuestionó su conversión al cristianismo por pertenecer a una comunidad tribal y advirtió que podrían perder documentos de identidad y beneficios estatales, como las raciones de alimentos.
El 14 de enero, las autoridades citaron al pastor local para interrogarlo. Según los reportes, los agentes calificaron su actividad religiosa como “superstición” y le prohibieron visitar a las familias cristianas de la aldea, profundizando el aislamiento de la comunidad.
Familias desplazadas y sin refugio
A finales de enero, las familias afectadas seguían sin acceso a un refugio adecuado, expuestas a las bajas temperaturas del invierno. La ubicación remota de Midapalli dificultó la llegada de ayuda humanitaria y apoyo externo. Ante la falta de respuestas a nivel local, los cristianos anunciaron su intención de elevar el caso al Administrador del Distrito, con el objetivo de obtener la intervención de una autoridad superior.
Reacciones y denuncias de organizaciones cristianas
El presidente de Christian Solidarity Worldwide, Mervyn Thomas, condenó la actuación de las autoridades locales y afirmó que las familias no fueron protegidas. Exigió medidas inmediatas para garantizar su seguridad, compensarlas por las pérdidas materiales y llevar ante la justicia a los responsables del ataque.
Este episodio se inscribe en un escenario más amplio de persecución a cristianos en la India. Según datos del Foro Cristiano Unido, se registraron 834 ataques en 2024, 734 en 2023 y 601 en 2022. Solo entre enero y mayo de 2025, la cifra ya superó los 900 incidentes, evidenciando un aumento alarmante de la violencia religiosa.
Leyes anticonversión y aumento de la persecución
La activista cristiana Minakshi Singh señaló que gran parte de esta violencia está vinculada a acusaciones recurrentes de conversiones forzadas. Recordó que en 2022 la Corte Suprema de la India solicitó pruebas de estas denuncias, pero ningún gobierno estatal ni federal presentó documentación que las respaldara.
Actualmente, 12 de los 28 estados indios cuentan con leyes que restringen la conversión religiosa. La mayoría de ellos están gobernados por el Partido Bharatiya Janata, de orientación nacionalista hindú. Líderes cristianos y organizaciones de derechos humanos denuncian que estas leyes son utilizadas para legitimar la intimidación, el acoso judicial y la exclusión social de las minorías religiosas.
“Odio generalizado y miedo a denunciar”
AC Michael, coordinador nacional del Foro Cristiano Unido y exmiembro de la Comisión de Minorías de Delhi, advirtió que la India enfrenta un clima de “odio generalizado, violencia callejera y ostracismo social”. Según explicó, el temor a represalias impide que muchas víctimas denuncien los abusos, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los cristianos.
De acuerdo con el censo de 2011, los cristianos representan apenas el 2,3% de la población india. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que, en los últimos años, esta minoría se ha vuelto cada vez más vulnerable tanto a la violencia social como a la negligencia del Estado.
