Esta última semana, decenas de personas caminaron por la ciudad de Santiago de Cuba, declarando consignas como «Cuba para Cristo» y «Sólo Cristo salva».
La marcha, realizada el pasado martes, fue compartida en Facebook por el cubano Miguel Vaillant Garlobo y culminó en el Centro Bíblico Internacional.
En los videos se observa a la población marchando alegremente por las calles de la ciudad. Al finalizar, los creyentes participaron en actividades artísticas que incluyeron música y baile.
El año pasado, miembros de la Iglesia Protestante cubana se manifestaron de manera similar en La Habana, bajo el mismo lema. Esta no es la primera manifestación registrada en la isla durante el mes de junio. El día 3, un joven cristiano acudió a una avenida céntrica de Santiago de Cuba con un cartel que decía “Libertad, Cuba para Cristo”. Este hecho ocurrió en una de las arterias más transitadas de la ciudad oriental.
Según medios internacionales, su protesta pacífica recordó el caso del preso político Luis Robles Elizástigui, condenado a cinco años de prisión en 2021 por manifestarse con un cartel en el bulevar San Rafael, en La Habana.
Además, se mencionó el caso del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, quien cumple una condena de siete años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio.
La Organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) reveló que en 2023 se documentaron 622 casos en Cuba que involucraban violaciones a la libertad de religión o de creencias, denunciando el retorno de tácticas “de línea dura”.
Desde Puertas Abiertas advierten que los cristianos se enfrentan a la persecución del gobierno, ya que se ejerce presión sobre todo lo que compite con el Partido Comunista Cubano, incluida la fe cristiana. Los líderes religiosos o cristianos que denuncian la injusticia humana o la corrupción política corren el riesgo de ser interrogados, detenidos, difamados y encarcelados.
Las autoridades deniegan el registro o simplemente ignoran la solicitud de las iglesias para operar legalmente. Esto da al gobierno un argumento para cerrarlas cuando quiera, porque son ilegales. En estos casos, se imponen sanciones a las iglesias, que incluyen multas, demolición de edificios, cierre y confiscación de bienes.
Las iglesias autorizadas están sometidas a una intensa vigilancia y pueden tener ciudadanos simpatizantes del régimen y/o agentes de seguridad del Estado infiltrados. Registradas o no, las iglesias permanecen abiertas al culto, pero solo mientras el gobierno lo permita y no haya ningún líder o cristiano crítico con el gobierno.
