Ernest Giardino, residente de Chapin, Carolina del Sur, se enfrenta a una controvertida restricción que limita su derecho a expresar su fe en una acera pública de la ciudad. Durante meses, Giardino ha sostenido un cartel con mensajes de esperanza en Cristo: por un lado, se lee “Confía en Cristo, Él pagó el precio,” y por el otro, “Él salvó a otros – Jesús – Él te salvará.” Sin embargo, recientemente, un oficial de policía le informó que para continuar mostrando su cartel en la vía pública, necesitaba un permiso.
Ante esta situación, el First Liberty Institute (FLI), organización legal que defiende las libertades religiosas en los Estados Unidos, envió una carta formal a la administración de la ciudad, señalando que imponer un permiso para la expresión religiosa en un espacio público constituye una violación de los derechos constitucionales de Giardino.
El FLI calificó la medida como una «extralimitación arbitraria» y un ataque directo contra la Primera Enmienda. “La exigencia de permisos como el que existe en Chapin sirve para inhibir el discurso antes incluso de expresarlo”, destacó la organización, subrayando que la libertad de expresión en espacios públicos, especialmente en manifestaciones de fe, es un derecho protegido que no debería estar sujeto a autorización gubernamental.
De acuerdo con un reporte de Fox News, Giardino había sostenido carteles similares durante aproximadamente ocho meses sin restricciones. Sin embargo, el oficial le informó que, además del permiso, ahora estaría sujeto a limitaciones de tiempo y ubicación: podría permanecer en el lugar solo 30 minutos y tendría que cambiar de esquina cada 15 minutos. Tanto el oficial de cumplimiento de normas como el jefe de policía confirmaron la necesidad del permiso y las restricciones adicionales.
Nate Kellum, asesor principal del FLI, enfatizó la defensa de Giardino, declarando: “Nadie necesita permiso del gobierno para expresar su fe en público. La Primera Enmienda es tu permiso”.
Kellum agregó que la ordenanza de Chapin es excesivamente restrictiva e inconstitucional, y exigió que sea derogada o modificada para respetar los derechos de libertad religiosa.
La FLI notificó a la administración de Chapin y fijó el 12 de noviembre de 2024 como fecha límite para que la ciudad responda formalmente, garantizando que Giardino y otros ciudadanos puedan continuar compartiendo libremente su fe en lugares públicos sin restricciones.