La cámara de representante definió de forma positiva la primera instancia de la normativa estadounidense que pone en riesgo los valores cristianos en la sociedad.
El proyecto busca actualizar la Ley de Derechos Civiles de 1964, creada para combatir el racismo. El plan presentado buscaría incluir la orientación sexual y la identidad de género, junto a las normativas antidiscriminatoria de la raza.
Esta medida prohíbe explícitamente utilizar la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993. La nueva disposición obligaría a las instituciones cristianas tanto como iglesias, empresas, ONG, entre otras, a no exigir que los empleados, miembros, o colaboradores tengan que practicar los valores cristianos sobre su sexualidad o su pareja. Hasta se podría reclamar que abran nuevas instalaciones sanitarias por ideología de genero en el que se deberá incluir a todos los identificados del movimiento LGTBQ+, entre otras restricciones más que podrían perjudicar el cierre del lugar en caso que no se cumplan.
La cámara baja de Estados Unidos aprobó el jueves con doscientos veinticuatro votos a favor y doscientos seis en contra de este plan. De todas formas, la segunda instancia queda en el Senado, que volverá a votar si se aprueba o no la ley, ya que se realizó otro debate sobre la misma normativa en el 2019 y dichos legislativos la desaprobaron.
El evangelista Franklin Graham la semana pasada afirmó que este plan castigaría a las personas y organizaciones que no están de acuerdo a estas normativas. Alliance Defending Freedom, la organización cristiana que defiende la libertad religiosa, mencionó el caso no legal de un trabajador cristiano del local Kentucky, quien se negó a usar una camisa de orgullo LGBTI y la comisión del local le ordenó que se sometiera a una capacitación sobre diversidad.
Desde la presidencia de Estados Unidos, Biden mostró su postura en Twitter “los derechos de las personas trans son derechos humanos, y la Cámara lo dejó claro hoy al aprobar la Ley de Género, ahora es el momento de que el Senado haga lo mismo». Mientras que aún se define la fecha para el debate del Senado, los opositores dicen que esta normativa tendría un impacto negativo en los derechos de las mujeres y la libertad religiosa.