El Tribunal Constitucional de Turquía ha ratificado la decisión del gobierno de expulsar a nueve cristianos extranjeros bajo la acusación de “actividades misioneras”, considerándolos una amenaza para la seguridad nacional.
El tribunal sostuvo que esta medida, basada en el controvertido código de inmigración “N-82”, no infringe los derechos de los extranjeros, a pesar de que estos contaban con estatus de residencia legal en el país. La mayoría de los jueces argumentó que existe un «amplio margen de discrecionalidad» para las autoridades en asuntos de inmigración y control de fronteras.
“El tribunal concluye que los solicitantes no han experimentado obstrucción o trato discriminatorio respecto a su libertad religiosa mientras residían en Turquía”, se lee en el fallo. Además, destaca que Helmut Frank y Matthew Vern Black, quienes también fueron sujetos del código N-82, abandonaron Turquía voluntariamente, mientras que Amanda Jolyn Krause y Jeremy Lauren Lambert permanecen en el país.
Un código N82 es una designación de seguridad que actúa habitualmente como una prohibición de entrada de facto.
Este fallo es histórico, ya que es la primera decisión conjunta sobre varios casos bajo el código N-82, según ADF International. La organización legal de libertad religiosa señaló que, aunque históricamente el tribunal ha fallado en contra de los cristianos extranjeros en casos similares, esta vez hubo divisiones entre los jueces, permitiendo la aparición de opiniones disidentes.
El presidente del Tribunal Constitucional, juez Zühtü Arslan, refutó la afirmación mayoritaria de que no hubo interferencia con la libertad religiosa de los solicitantes, destacando que las pruebas mostraban que el código N-82 se aplicó debido a sus actividades misioneras. “Es inexplicable cómo esto no constituye una interferencia con la libertad de religión de los solicitantes”, afirmó.
Desde 2018, aproximadamente 185 ministros protestantes han sido deportados o se les ha prohibido reingresar a Turquía, a menudo sin justificación clara ni acceso a los informes de inteligencia utilizados en su contra, según ADF International.
Kelsey Zorzi, directora de defensa de la libertad religiosa global de ADF International, criticó la discriminación del gobierno turco contra los trabajadores religiosos cristianos, señalando que esta práctica viola tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como los Pactos Internacionales de los que Turquía es parte. Zorzi denunció que Turquía realiza esfuerzos sistemáticos para reprimir las creencias cristianas, señalando un aumento anual de cristianos extranjeros considerados amenazas a la seguridad nacional.
Los individuos afectados, parte de un grupo mayor de más de 30 cristianos extranjeros con el código N-82, han trabajado en diversas actividades religiosas en Turquía. Este fallo sigue a varios casos individuales previos en el Tribunal Constitucional y es la primera sentencia colectiva dictada por la Asamblea General del tribunal.
Orhan Kemal Cengiz, uno de los abogados de los demandantes, destacó las contradicciones en el fallo mayoritario y la falta de pruebas que justificaran las expulsiones. “La opinión del Tribunal, según los jueces disidentes, está llena de contradicciones. A pesar de las pruebas claras de que estos extranjeros fueron expulsados por sus actividades misioneras, la mayoría del tribunal no encontró infracción a la libertad de religión”, afirmó Cengiz.
La decisión también resalta una preocupante tendencia en Turquía, donde el nacionalismo y la islamización presentan desafíos crecientes para las minorías religiosas, especialmente la comunidad cristiana, que cuenta con aproximadamente 170,000 miembros en una población mayoritariamente musulmana de 83 millones, según ADF International. Cabe destacar que Turquía es parte del Tratado de Paz de Lausana, que reconoce a judíos, griegos ortodoxos y armenios, pero no a los cristianos.